Hidrocarburos: una ley que nace muerta

La frase es lapidaria y no deja lugar a dudas de que, si no se corrigen los errores técnicos que tiene la iniciativa de reformas a la Ley de Hidrocarburos, que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa ley va a nacer muerta; la frase la pronunció, en un foro de análisis organizado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, una experta en el sector energético, Abril Moreno, socia directora de Perceptia21 Energía; vicepresidenta de Comunicación y Asuntos Públicos del Clúster Metropolitano de Energía, quien fue nombrada una de las 100 líderes del Sector Energético por la Revista Petróleo y Energía en 2020.

Abril Moreno tiene razón, pues gracias a que muchos expertos han analizado la iniciativa de ley es posible saber con certeza que sus propuestas violan diversos principios y derechos constitucionales y, en consecuencia, si se aprueba tal cual está formulada, van a llover las demandas de juicio de amparo, otra vez.

Hay que admitir que el espíritu de la reforma no es del todo equivocado, pero su expresión normativa es terrible. Analicemos punto por punto algunas propuestas y sus problemas.

En primer lugar, la iniciativa plantea elevar a rango de ley lo que ya existe en la política pública en materia de almacenamiento desde el año 2017. Se propone que todos los permisionarios cuenten con infraestructura que asegure un nivel mínimo de almacenamiento, lo que es muy necesario y benéfico para el sector, ya que uno de sus talones de Aquiles es la prácticamente nula capacidad de almacenamiento, pero la iniciativa establece que quien no cumpla con este mínimo sufrirá la cancelación, ipso facto, de su permiso, lo que viola el principio de no retroactividad de la ley.

Este problema técnico-jurídico podría resolverse fácilmente otorgando, en un artículo transitorio, un plazo para que todos aquellos permisionarios que no cumplan con el mínimo, tengan un plazo para realizar las obras o acciones necesarias para cumplir con esta exigencia. Esta obligación legal no existía en el pasado y, por ello, un gran porcentaje de permisionarios no estaban obligados a cumplirla, por lo que cancelarles el permiso sin darles la oportunidad de adecuarse para cumplir la ley implica un efecto retroactivo que difícilmente sobrevivirá después de los juicios de amparo.

Otro punto que desata las alarmas entre el sector de hidrocarburos es la nueva figura de suspensión de permisos por causas de seguridad nacional, seguridad energética o para proteger la economía nacional. Actualmente, el artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos permite que el Estado pueda intervenir o requisar la prestación de un servicio que está conferido mediante permiso a un particular, lo que es correcto, pues el Estado debe asegurar que estas aristas fundamentales para la vida nacional funcionen adecuadamente y que no haya interrupciones que afecten a la sociedad.

Pero ahora, la iniciativa del presidente de la República plantea que cuando “se prevea un peligro inminente” para la seguridad nacional, para la seguridad energética o para la economía nacional, la autoridad federal podrá suspender, temporal o definitivamente, los permisos a los particulares, tomar la operación y mantener, hasta que lo considere conveniente, este control de la operación que corresponde al particular.

Esto es peor que una expropiación, ya que deja en total vulnerabilidad a los permisionarios, porque ni siquiera se requiere que la amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad energética o a la economía nacional en realidad exista, sino solamente que a la autoridad energética se le ocurra que se puede prever que en algún momento es probable que se pueda dar dicha amenaza. Es claro que esta propuesta pone una bomba atómica de discrecionalidad en las manos de la secretaria Rocío Nahle, quien ha demostrado repetidamente que sus decisiones públicas son adoptadas sin respetar el marco constitucional.

Peor aún, esta suspensión podría ser definitiva, lo que significaría una revocación o cancelación de facto del permiso, pero el particular no tendría acción alguna para solicitar alguna compensación por los daños y perjuicios que sufra, pues, formalmente, su permiso seguiría vigente, solo que estaría suspendido hasta que la secretaria Nahle disponga.

Hay otros problemas graves en la iniciativa, pero me parece que estos dos son los que más llaman la atención por sus consecuencias. La iniciativa del presidente López Obrador podría ser corregida y serviría como un avance en el marco legal, pero si se aprueba tal como fue presentada, va a causar una enorme incertidumbre en el sector y provocará una cascada de juicios y suspensiones que afectarán gravemente la inversión en el país. Parece que la intención es sacar a los privados del mercado, sin tener que reformar la Constitución, y ese es otro error estratégico y jurídico mayúsculo del presidente de la República.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @CLopezKramsky

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