Opinión

La Justicia Laboral que viene

Hoy reitero la importancia del nuevo modelo de justicia laboral que tiene dentro de sus apartados la creación de centros de conciliación autónomos.
martes, 12 de octubre de 2021 · 18:35

En épocas de grandes reformas, o de transformaciones estructurales ambiciosas en muchos frentes, es común que algunos cambios importantes no tengan la atención que merecen, o se pierdan en el vértigo de la efervescencia política. Uno de estos tópicos es el del nuevo modelo de justicia laboral, que desde hace un año opera en nuestro país en 10 entidades federativas, y el 3 de noviembre entrará en vigor en un segundo grupo de estados, hasta cubrir la totalidad del país antes de 2023.

Hay que decir que México está atravesando por un cambio fundamental en las reglas de política laboral que va más allá de la reforma mencionada, pues el sexenio comenzó retando (y venciendo) el prejuicio de que no se podía aumentar sustancialmente el salario mínimo general sin alterar los indicadores macroeconómicos, comenzando por la inflación. Hoy es difícil creer que durante más de 30 años se consideró la precariedad salarial como un elemento “positivo” que era necesario para lograr la estabilidad económica. También son importantes los objetivos con la prohibición de la subcontratación como mecanismo para hacerle fraude a la ley laboral, de manera que se tengan trabajadores que para efectos de subordinación y exclusividad son empleados en toda regla, pero para efectos jurídicos no tienen ninguna prestación, ni crean antigüedad, ni nada. Esto está en el  origen, además, del déficit millonario de los sistemas de pensiones en México y en el mundo. Cada uno de estos puntos requiere su propio desarrollo.

Hoy reitero la importancia del primero, el del nuevo modelo de justicia laboral que tiene dentro de sus apartados la creación de centros de conciliación autónomos, con un perfil de profesionalización para el personal que auxiliará en la resolución de conflictos antes de que sean judicializados, lo que implicará un ahorro importante en tiempo y en dinero para los empleadores y los trabajadores, con el efecto adicional de mitigar el rezago que existe al día de hoy en prácticamente todas las juntas de conciliación del país que dependen de los poderes ejecutivos estatales. La agilidad en la resolución de controversias también tiene un impacto directo en el aumento de la competitividad del país, pues aumenta la confianza de los inversionistas al reducir su proyección de costos eventuales.

Por si fuera poco, ahora se cuenta con reglas modernas y transparentes para garantizar la democracia sindical, a través de procesos de legitimación que garantizan un liderazgo verdaderamente representativo de los trabajadores en un sindicato, a fin de evitar los tradicionales sindicatos charros o de protección (aquellos donde los propios dueños de la empresa simulan la creación de un sindicato y ellos mismos ponen al líder, que es realmente su empleado o su socio, y por ende jamás verá por los intereses de su representado).

La implementación de estos importantes cambios no está exenta de retos. Desde las resistencias internas que debemos vencer (en la parte gubernamental, pero también en el modo de pensar de los litigantes, muchos de quienes prefieren tener el pleito más desagradable posible para cobrar lo más posible) hasta la coordinación entre los poderes locales, a fin de que los acuerdos parlamentarios, a veces complicados, no pongan en peligro la entrada en vigor de los centros en la fecha que la normatividad determina. Este es uno de los temas donde, por los trabajadores, por la democracia y por la competitividad del país, las diferencias deben dejarse de lado.

Puedes conocer más del autor en su cuenta de Twitter: @AnaCecilia_Rdz

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